JOHN MÜLLER EN RELACIÓN A UPyD (II)

     "Los plenos del Congreso son el retrato de la Nación. Pero no siempre la instantánea de la sesión de control arroja la imagen más exacta. Eso es lo urgente, pero el río subterráneo de nuestras preocupaciones va por debajo. El miércoles, el río afloró en la interpelación a la que Rosa Díez (UPyD) sometió al vicepresidente tercero Manuel Chaves al final de la mañana.

     Díez interpelaba al Gobierno sobre «la necesidad de que utilice sus competencias constitucionales para recortar el gasto autonómico superfluo». Y después de empeñarse 12 minutos en la cuestión, obtuvo como respuesta de Chaves una frase que sonó a confesión: «No hay posibilidad de imponer unilateralmente a las comunidades autónomas una reducción del gasto, porque en nuestro Estado autonómico no hay una relación jerárquica entre las administraciones».

     Chaves dice la verdad, pero oculta que hoy no se puede establecer un techo de gasto a las comunidades autónomas porque el PSOE reformó la Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley 18/2001) en la que el Gobierno de José María Aznar prácticamente vertió el espíritu del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los criterios del Tratado de Maastricht que creó el euro.

     Esa norma fue modificada el 26 de mayo de 2006 por una reforma auspiciada por el ministro Pedro Solbes y por su secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien no alcanzó a verla aprobada porque el 7 de marzo de ese año se convirtió en consejero del Banco de España.

     El cambio, donde desaparecieron los límites de gasto, buscaba «asegurar el respeto de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria a la autonomía financiera de las comunidades autónomas».

     En abril de 2005, el que fuera estricto comisario europeo Solbes ya afirmaba que la nueva ley podría permitir que las autonomías incurrieran en «un ligero déficit» para financiar determinadas inversiones que mejoraran la productividad.

     Mucho cambiaron las cosas desde entonces. Como denunció Díez el miércoles, el despilfarro ha sido notable: los canales autonómicos de TV generaron, sólo en 2008, pérdidas de 1.600 millones. Entre 2003 y 2008, se ha pasado de 163 fundaciones públicas a 541, de las cuales 344 son autonómicas. Estas fundaciones, junto con unas 3.500 empresas públicas de toda índole, tienen una deuda viva de más de 44.000 millones que llegará a 55.000 millones este año. A finales de 2009, las entidades locales presentaron un déficit de 48.000 millones, mientras las comunidades autónomas alcanzaron los casi 100.000 millones.

     Según Díez, que citó datos del exhaustivo estudio 'El coste del Estado autonómico', editado po el Grupo de Administración Pública de UPyD, si el Ejecutivo pusiera en marcha un sistema de evaluación de la eficacia del gasto autonómico con los mismos criterios de Maastricht, nos ahorraríamos 26.108 millones anuales.

     La filosofía expuesta por Díez es clara: «Le pido al Gobierno que actúe respecto de las comunidades autónomas... por lo menos con la misma capacidad de control con que actúa la UE respecto del Gobierno de España». Un razonamiento irrefutable".

Palma, 21 de mayo de 2010

http://perso.wanadoo.es/venytorres/index.htm