LA CLARIVIDENCIA DE ROSA DÍEZ

     Artículos como ¡Es la política, estúpidos!, de Rosa Díez, son los que hacen interpretar la ciudadanía que UPyD es un partido político -hoy en día- más necesario que nunca. Espléndido artículo que dice: "Uno de los muchos errores del Gobierno en la gestión de esta crisis ha sido tratar de combatirla mediante un constante derroche en medidas costosas e ineficientes. Ha hecho cosas que no debía y ha dejado de hacer aquello para lo que la Constitución le habilita: gobernar para el conjunto del Estado. Así hemos llegado a vivir un hecho tan insólito como inaceptable: que la Comisión Europea tenga más capacidad de control sobre las políticas del Gobierno que el que éste ejerce sobre las 17 comunidades autónomas.

     En UPyD pensamos que no hay solución a la crisis económica y de modelo productivo si no abordamos la reforma del modelo de Estado. Pero mientras ese debate inevitable se produce, es urgente que le pongamos el cascabel al gato. El gato son las CCAA y el cascabel es el timbre de alarma que indica que se ha acabado el recreo y hay que actuar sin demora contra el despilfarro.

     Aunque durante la interpelación que presenté el miércoles sobre la necesidad de que el Gobierno utilice todas sus competencias para recortar el gasto autonómico superfluo el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, me contestó que «el Gobierno no tiene un papel jerárquico sobre las CCAA», la Constitución atribuye al Estado, en su artículo 149.1.13 y 14, las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica», y competencia exclusiva sobre «Hacienda general y deuda del Estado». Eso por no citar los artículos 103.1, 128.1, 131.1 y 150.3, que le dan al Estado instrumentos para implementar medidas de corrección y racionalización de las finanzas públicas.

     Es cierto que José Luis Rodríguez Zapatero renunció desde el primer momento de su mandato a ser otra cosa que el coordinador consentido de las CCAA. Pero ha llegado la hora de que el Gobierno de España ejerza sus competencias, recupere la autonomía y gobierne el país. Ha llegado la hora de actuar autónomamente antes de que, por no hacerlo, tengamos nuevamente que cumplir instrucciones.

     ¿Puede alguien entender que tenga más capacidad de control sobre España el Ecofin, el FMI -o hasta Obama-, que la que ejerce nuestro Gobierno sobre los gastos de las CCAA? ¿Tiene sentido que el Gobierno proclame en el lugar en el que reside la soberanía popular que no puede actuar sobre el 55% del presupuesto total de las administraciones públicas, que es la cifra que alcanza el gasto descentralizado (10 puntos más que en Alemania), mientras en la zona euro ponen límites y condiciones a los estados soberanos?.

     Hay muchos gastos evitables antes de recortar un solo euro a los trabajadores, congelar las pensiones, reducir las ayudas a la dependencia o recortar drásticamente la inversión pública. Sólo se requiere un Gobierno dispuesto a gobernar para acabar con la multiplicación de defensores del pueblo, órganos consultivos, Tribunales de Cuentas, servicios meteorológicos (como si el clima fuera divisible), Defensa de la Competencia (como si estuviera parcelada), agencias de protección de datos, etcétera.

     ¿Saben ustedes que en España hay más de 100.000 normas con contenido económico que dificultan la unidad de mercado? ¿O que en algunas CCAA hay hasta tres canales de TV que han producido unas pérdidas en 2008 de más de 1.200 millones de euros? ¿Saben que entre 2003 y 2008 hemos pasado de 163 fundaciones públicas a 541, de las que 344 son autonómicas? ¿O que la deuda de las empresas públicas de la Comunidad Valenciana supera los 13.000 millones? ¿Y que Andalucía tiene 20.000 trabajadores distribuidos entre 54 empresas públicas que gestionan un presupuesto de 5.282 millones? (La Seguridad Social gestiona 101.878 millones con unos pocos más).

     Hay que poner en marcha medidas estructurales para relanzar la economía -empezando por el mercado laboral y siguiendo por la reforma de las cajas de ahorro-. Pero también hay que exigir al Gobierno que ejerza sus competencias constitucionales y aplique medidas como a introducción de un techo de gasto a las CCAA y que implemente mecanismos de penalización para los incumplimientos de dicho techo o de los compromisos de déficit, tales como retener parte del importe de los anticipos a cuenta de la participación en los tributos del Estado a la comunidad infractora.

     Déjenme que les dé un dato: sólo con que el Gobierno aplicara a las CCAA los criterios de Maastricht para los estados miembros nos ahorraríamos 26.108 millones de euros al año. 26.000 millones es el coste del servicio de la deuda pública de España para 2010. Representa dos tercios de lo que cuesta el desempleo en esta situación de crisis y supone el 2,6% de nuestro PIB. Por eso digo, parafraseando a Clinton, que es la hora de la política; y de obrar en consecuencia".

Palma, 23 de mayo de 2010

http://perso.wanadoo.es/venytorres/index.htm